En  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de la UNET, y en concordancia con el Artículo 2 de la Ley de Universidades

UNET B U

 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en su sesión extraordinaria Nº 014/2017, realizada el  día 05 de mayo de 2017, en el punto Nº 7: “Consideración de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente  anunciada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, en el Decreto Nº 2830, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.295, del 01 de mayo de 2017”, en  uso  de  la  atribución que le confiere el Artículo 10, Numeral 32 del Reglamento de la UNET, y en concordancia con el Artículo 2 de la Ley de Universidades,

CONSIDERANDO:

Que una amplia representación del pueblo venezolano, en ejercicio del derecho constitucional a la protesta y a la manifestación pacífica, ha venido reclamando el rescate de sus libertades; la recuperación de la calidad de vida y del bienestar integral del venezolano; el respeto de la institucionalidad, de la democracia y de los derechos constitucionales; la libertad de los presos políticos; la celebración de elecciones regionales; y el reconocimiento de  la soberanía popular, vulnerada por las actuaciones primordialmente del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial a  través de las Salas Constitucional y Electoral, y del Poder Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, la cual reside intransferiblemente en el pueblo, siendo éste su único depositario y titular, pero, sin embargo, esos órganos de poder le han cerrado toda expresión de su ejercicio con los mecanismos de democracia participativa y protagónica y de democracia representativa que consagra la Carta Magna;

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República, mediante Decreto N° 2.830 del 01 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.295 Extraordinario del 01 de mayo de 2017, decreta “Artículo 1: En ejercicio de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los Artículos 348, 347, 70 y 236 numeral 1 ejusdem, CONVOCO A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro pueblo, como depositario del Poder Constituyente Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria…”

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República, en el Artículo 2 del citado Decreto ordena: “Los  y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto…”

CONSIDERANDO:

Que conforme al Artículo 347 de la Constitución, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de ese poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente; y que siendo el Pueblo el único titular de ese poder, en consecuencia, también es el único que puede convocar a un proceso constituyente, ya que este poder pertenece sólo al pueblo, quien lo ejerce directamente o por medio de representantes elegibles por el pueblo; es un poder unitario e indivisible; no es parte de los órganos del Poder Público, llámense Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral; es extraordinario, pues actúa en situaciones muy especiales de la vida política de un pueblo, como es la fundación o reformulación a fondo de un sistema político, pero siempre que así expresamente lo manifieste ese pueblo en ejercicio de su titularidad;  es permanente, aunque de ejercicio discontinuo, ya que se hace manifiesto cuando el propio pueblo considera que están dadas las circunstancias que reclaman su urgencia; de todo lo cual se deduce que siendo el Pueblo y no el gobierno el único titular del Poder Constituyente, lo ejercita como unidad política, en razón que esa función constituyente se legitima con base a sus derechos naturales preexistentes a toda ley y a toda forma de gobierno;

CONSIDERANDO:

Que al ser el pueblo el exclusivo titular del poder constituyente originario, el Presidente de  la República no puede por sí mismo mediante decreto convocar  a un proceso constituyente, sino que, conforme al Artículo 348 de la Constitución, tiene únicamente la iniciativa constituyente, es decir, puede someter una propuesta para que el pueblo considere si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual tendría que realizarse un proceso referendario, con el objeto de que el pueblo acepte o no la propuesta del Presidente de que se convoque a dicha Asamblea;

CONSIDERANDO:

Que al establecerse en el Decreto Presidencial N° 2.830 citado, que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, indebidamente convocada por el Presidente de la República, sean elegidos en los ámbitos sectoriales y territoriales, se desvirtúa la esencia, naturaleza y espíritu de participación del poder constituyente originario, en el sentido de que el pueblo no es una fracción o facción, sino que está conformado por el universo de todos los electores, titulares de derechos políticos, considerados en  su globalidad, y no sólo un componente del mismo, como ocurriría con sectores de intereses, o de regiones, por lo que no podría conformarse una Asamblea Constituyente como lo ha propuesto quien ejerce la Presidencia de la República, con integrantes de ámbitos sectoriales y territoriales, pues esa disposición constituye un fraude a la Constitución y a la voluntad popular, impidiendo ello que los miembros de una Asamblea Constituyente, una vez convocada la misma por el pueblo, puedan ser electos por votación popular, universal, directa y secreta, siendo esto de la esencia de la Constitución;

CONSIDERANDO:

Que los términos del Decreto Presidencial N° 2.830 de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo configuran un claro fraude a la Constitución vigente y una usurpación del poder originario que corresponde exclusivamente al pueblo, materializándose así otro golpe a la Carta Magna, por un gobierno que se niega a respetar las reglas del Estado Democrático y de Derecho y pretende, una vez más, burlar la soberanía popular, sino también una intención de  simular un proceso constituyente con base en los Artículos 347, 348 y 349 del Texto Fundamental, para dar apariencia de régimen democrático ante la comunidad internacional;

CONSIDERANDO:

Que conforme al Artículo 3 Constitucional, la educación es un proceso fundamental para que el Estado logre sus fines, entre ellos, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de  los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución;

CONSIDERANDO:

Que los artículos 131 y 333 de la Constitución obligan a todo ciudadano, investido o no de autoridad, a cumplirla y defenderla, así como a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, advirtiendo la norma suprema que la misma no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 2 de la Ley de Universidades, estas son Instituciones al servicio de la Nación, correspondiéndoles colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales; además, el Artículo 4 ejusdem consagra que la enseñanza universitaria se inspira en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal;

CONSIDERANDO:

Que persiste la severa crisis humanitaria, económica y social generada por las erradas políticas del gobierno; así como la falta de una  gobernabilidad, generada por la violación constante de la Constitución y de los derechos humanos, sufriendo amplios sectores de la sociedad venezolana hambre, escasez, desempleo, angustia por ausencia de asistencia efectiva de salud y de medicamentos, desesperanza y divisiones, aunado a un temor general por la acción violenta de grupos paramilitares armados, que no son controlados por los organismos de seguridad, actuando éstos más bien con represión desproporcionada hacia los manifestantes, la población y propiedades en general;

CONSIDERANDO:

Que aunado a lo anterior, el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, ha proferido amenazas infundadas y temerarias en contra de  las Autoridades y Universidades Públicas y Privadas, con acusaciones de ser utilizadas  para convertirlas en plataforma de desestabilización, por lo que serían sancionadas con todo el peso de la ley;

ACUERDA:

PRIMERO: Rechazar contundentemente el Decreto N°  2.830, mediante el cual el Presidente de la República convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, por usurpar el poder constituyente originario del pueblo de Venezuela, y arrogarse fraudulentamente la facultad exclusiva de ese pueblo de convocarla, violentando el texto constitucional y pretendiendo instaurar un proceso constituyente sin consultar previamente a la totalidad del electorado venezolano, a través de un proceso de referéndum con voto directo, universal y secreto.

SEGUNDO: Exigir al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del Poder Público que respeten la soberanía popular y que se abstengan de avalar la convocatoria fraudulenta del Presidente Nicolás Maduro Moros a una Asamblea Constituyente, desconociendo la soberanía popular y la consulta del pueblo, exclusivo depositario del poder, para tal fin, y secuestrando el voto popular, universal, directo y secreto.

TERCERO: Expresar el compromiso de esta Universidad con la defensa de la Constitución y el restablecimiento de su efectiva vigencia, ante las decisiones del Ejecutivo Nacional de derogarla por mecanismos distintos a los previstos en ella, así como convocar a todos los venezolanos a acogerse al artículo 333 de la Constitución, como mecanismo de defensa del orden constitucional.

CUARTO: Ratificar que la Universidad Nacional Experimental del Táchira, es una institución al servicio de la región y del país, plenamente identificada con los valores y principios supremos de la libertad, la democracia, el respeto a la voluntad popular, el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la preservación de los derechos humanos, la plena expresión del pluralismo, y el compromiso de aportar su función académica al desarrollo del bienestar material, social e intelectual de la sociedad venezolana.

QUINTO: Rechazar los constantes atropellos al pueblo y a la comunidad universitaria que sufren el grave deterioro de la calidad de vida, así como exigir a los representantes del  Ejecutivo Nacional el debido respeto a las Autoridades e instituciones universitarias, como actores sociales que coadyuvan al Estado al cumplimiento de sus fines fundamentales.

SEXTO: Generar un espacio para el debate sobre la constituyente convocada por el Ejecutivo Nacional mediante la realización de diversas actividades con participación de expertos en el tema, que permita analizar el contexto actual del país.

SEPTIMO: Hacer público el presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Salón donde celebra sus sesiones el Consejo Universitario a los cinco días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

     Ing. Raúl Alberto Casanova Ostos                   Dra. Elcy Yudit Núñez Maldonado

                                   Rector                                                               Secretaria